Adiós Ley de Dependencia: El Gobierno que se desentiende de su ciudadanía
Artículo de Rubén Castro Torres. Director de Conigualdad.org
Los titulares del 2 de mayo de 2013 están encabezados por el recorte de 1.108 millones de euros en la Ley de Dependencia que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicará. Que ironía que un día después al Día de los trabajadores y trabajadoras el Gobierno central aplique un recorte en Dependencia mayor al presupuesto para este año (1.087 millones)
La jornada de lucha y reivindicación que este año se ha implicado en reclamar respuestas contra la pobreza y el desempleo, obtiene la respuesta de más precariedad y ataques a los derechos de la ciudadanía.
Que la austeridad de los servicios públicos pase por limitar derechos como los que la Ley de Dependencia ofrecía desde 2006, muestra el fracaso de una forma de gestionar. Ese fracaso es inasumible para un Estado que pretenda sostenerse en un sistema social, ya que no solo limita la vida de gran parte de la ciudadanía, quienes necesita atención social, sino que ahonda más las desigualdades acrecentadas en esta situación de crisis económica.
Es cierto que para muchas personas, desde los movimientos feministas, se ha considerado que estas políticas “amigas de las mujeres” ofrecían una prestación muy limitada, que además mantenían a las mujeres en el ámbito de lo familiar. Ante esa crítica, la solución podía venir de cambios sociales y laborales que promuevan también la corresponsabilidad de los hombres, y la mejora de los servicios públicos. Pero lejos de todo avance posible, entre todos los planteados, el actual Gobierno camina hacia una mayor precariedad.
La primera medida pasó por eliminar la cotización a cuidadoras de familiares (en su gran mayoría mujeres) que desde 2006 cotizaban por su trabajo, lo que les daba más prestigio (oficialidad) a su tarea y posibilidades de una pensión posterior. A la vez se redujo la ayuda en un 15% y el Gobierno pasó a las Comunidades Autónomas la exigencia de hacerse cargo de una mayor parte del presupuesto. Ahora recortan nuevamente más de lo que el propio presupuesto del Gobierno prevée, dejando la responsabilidad en mano de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Y es que frente a una época en que el Estado asumía parte de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres, sindicatos y organizaciones civiles (en la España posterior a la Transición), estamos asistiendo al fin de los derechos sociales a través de decretos, y decisiones unilaterales, recortando desde la oscuridad, lejos del Parlamento e incluso de la prensa.
Pero si el Estado se desentiende del cuidado de las personas dependientes, si el nuevo modelo laboral pasa por impedir que mujeres y hombres concilien, ¿quien se hace responsable de las personas en situación de dependencia?
Como exponía anteriormente, que se eliminen estas prestaciones afecta indudablemente a toda la ciudadanía, que más tarde o temprano puede verse en una situación de dependencia, o tenerse que hacer cargo de un familiar, pero sobre las mujeres tiene mayores consecuencias. No podemos obviar que son ellas quienes se han hecho cargo de estas tareas tradicionalmente han sido las mujeres, y el modelo actual todavía tiene mucho de patriarcal.
En España, en contraposición con los países nórdicos, las redes familiares son quienes sostienen la mayor parte de los cuidados y atenciones: a menores, a personas dependientes, mayores, etc. Y entre estas redes son especialmente las mujeres (madres, abuelas, hermanas,…) quienes se han hecho cargo.
La socialización en la que inciden las familias, las amistades y los medios de comunicación, entre otros, continúa otorgando a las mujeres la obligación de cuidar y dedicarse a lo doméstico, eludiendo las responsabilidades de los hombres. Con esos cambios y teniendo en cuenta que no se está actuando a favor de la corresponsabilidad, serán las mujeres quienes se harán cargo nuevamente de todos los cuidados, sin apoyo ninguno del Estado.
En definitiva, más allá de constar la injusticia de estos recortes, deberían quedar invalidados, no solo por afectar a un derecho adquirido por la ciudadanía, sino que si hacemos uso de la perspectiva de género (a la que están sometidas todas las disposiciones y actuaciones de los poderes públicos) sabemos que afectan especialmente a las mujeres. Además degradan la calidad de vida de muchas personas, sobretodo quienes menos recursos tienen.
conciliación , Recorte en Dependencia , recortes en igualdad
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