Entra en vigor la reforma de la ley del aborto en España que restringe los derechos de las menores

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Tras la aprobación de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, y tras su entrada en vigor el pasado 23 de septiembre, las menores de 16 y 17 años ya no podrán decidir libremente su embarazo y la posibilidad de interrumpirlo como hasta ahora.

La propia exposición de motivos de esta reforma firmada por el Presidente Mariano Rajoy resume que desde ahora «para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad será preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad».

Asimismo, se esgrime que la Ley de 2010 «impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección que el mismo texto legislativo reconoce». Sin embargo, esta afirmación oculta la realidad de que el 87% de las menores que abortan lo hacen compañadas por sus tutores, mientras que que en los casos que no ha existido ese acompañamiento por parte de los tutores debemos recordar su proveniencia de familias desestructuradas, abiertamente contrarias al aborto, que rechazan asistir al procedimiento o que tienen a los padres en prisión, son menores emancipadas, inmigrantes solas o víctimas de abusos, entre otras muchas situaciones.

En la actualidad, 9 de cada 10 menores de 16 a 18 años que abortan en España lo hacen acompañadas de sus padres, madres o tutores

En lugar de promover el empoderamiento de las jóvenes a través de más formación afectivo-sexual con mayor implicación de las familias y la comunidad educativa esta reforma pretende que cualquiera de esos conflictos se resuelvan de forma general judicialmente, lo que podría suponer todo un calvario en cuanto a trámites, plazos, etc.

De forma textual, la nueva ley indica que»los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil»

Por otro lado, en su último examen al Estado Español, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió que no entre en funcionamiento esa autorización obligatoria que ahora ya es una realidad. Una crítica la que hay que sumar las de otras organizaciones reconocidas como la Organización Mundial de la Salud.

Además, partidos actualmente en la oposición como el PSOE, de la mano de su Secretario General Pedro Sánchez, ya se han comprometido en público a recuperar ese derecho para las menores si gobiernan a partir del próximo mes de diciembre.