La contrarreforma de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España

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Artículo de Rubén Castro Torres, Agente de igualdad

Visualiza el gráfico resumen aquí

Despropósitos y consecuencias de no respetar la libertad de las mujeres

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley del aborto española, no es lo único que está en riesgo por la contrarreforma que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy plantea. También tiembla la libertad y dignidad de las mujeres, que día tras día deben soportar ataques a golpe de declaración de intenciones, con las que se les reprocha su derecho a decidir, el acceso a la información o incluso su condición personal.

Todo ello en una cruzada digna de ser reproducida en el cine. Podría mostrarse como una película de acción e intriga, en la que a medida que avanza la historia vemos como el objetivo a batir se alcanza caiga quien caiga y utilizando las técnicas que sean necesarias, incluso la manipulación y la mentira. Por ello sería un filme de ciencia-ficción, en el que la realidad sería tergiversada a la medida del narrador, que en este caso impondría su peculiar visión moral, pese a que aquello que promete suceder es lo contrario a lo que plantean.

Pero comparaciones aparte, la Ley Aído, conocida así por su impulsora (la Ministra de Igualdad Bibiana Aído) está recibiendo cada vez más ataques del Partido Popular, sus dirigentes y miembros del Gobierno, tal vez con el objetivo de preparar a la población a lo que muestran como una reforma necesaria para ajustar problemas. Pero en lugar de reducirlos, si es que existiesen, como veremos a continuación no hacen más que acrecentarlos:

Ya hace unos meses, el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón afirmó en sede parlamentaria que restringirían el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de preservar a las mujeres que se ven obligadas a abortar por una “violencia estructural” que les impone hacerlo. Pues bien, a falta de cualquier base científica que muestre esa “violencia” que para Gallardón obligaría a las mujeres a abortar, si verdaderamente quisieran impedir que eso suceda, podrían hacer campañas de información sexual y reproductiva, acciones de empoderamiento y sensibilización en igualdad, entre otras, y garantizar que las mujeres deciden en libertad con toda la información de antemano. En cambio, abogan por privar de la información y la opción de interrumpir su embarazo a todas las mujeres, lo que sí podemos considerar como un ataque institucional a su libertad.

Y es que la violencia constada y estructural que impide el libre desarrollo de las mujeres es la del machismo, anclada en el sistema patriarcal. Con sus palabras el Ministro no hace más amparar de una forma paternalista la situación de inferioridad de éstas, como si no tuvieran conocimiento alguno.

Siguiendo con los despropósitos, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz afirmó en una rueda de prensa que el aborto tiene «algo que ver» con ETA, la banda terrorista, aunque “no demasiado”, unas palabras que causaron sorpresa e indignación.

Vista la evolución de las declaraciones ya no solo quieran privar a las mujeres de su opción a decidir, sino que para ello no dudan en fomentar los estereotipos de la “mujer malvada” que atenta contra “la vida”, comparando su actitud y de quienes les apoyan con el terrorismo.

La reforma además, parece ir más allá y el propio Ministro de Justicia insistió en que la malformación no sería un supuesto para abortar, lo que nos recuerda a legislaciones restrictivas de algunos países como El Salvador, que impiden que una mujer pueda abortar pese a correr su vida peligro (por una enfermedad que se agravaba peligrosamente) y con un feto que tiene una anomalía incompatible con la vida.

Más adelante, la Diputada Popular Beatriz Escudero aseguró durante el debate de una moción del grupo socialista sobre la reforma de la Ley del Aborto, que en España “las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen”, dato que amplió en Twitter afirmando que “un 31% de las mujeres sin estudios abortan frente a un 5% de universitarias”. Todos esos datos son rotundamente falsos. El informe IVE del Ministerio de Sanidad en 2011 muestra como las mujeres analfabetas, sin estudios y con estudios primarios (hasta 6º de primaria y equivalentes) no llegan al 25 % del total. Por otro lado, las universitarias representan más de un 11%. Podemos verlo en el gráfico siguiente:

Pero, ¿a qué viene tanta inquina con que se pueda interrumpir el embarazo?

Hay quienes dicen que, tal vez estas intenciones tengan algo que ver con la reciente reunión de Rajoy con el máximo representante de la iglesia católica, o el toque de atención de la Conferencia Episcopal en España. En todo caso lo único que es seguro, objetivamente, es que pretenden limitar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. De aprobarse la contrarreforma esta limitación a la mayoría de mujeres pero especialmente quienes menos recursos tienen, que se verán abocadas a prácticas clandestinas y peligrosas.

Tal vez por ello cuando la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría dijo que “el aborto no es un derecho” de todos los españoles se refería a que solo lo era para quienes pudieran permitirse ir al extranjero en busca de condiciones sanitarias y sociales dignas.

Y es que quienes tienen más poder adquisitivo podrán interruptor su embarazo en cualquiera de los países que lo permiten en los términos de calidad y seguridad que hasta ahora en España aún esta en vigor. Se trata por lo tanto de un ataque a los derechos de las mujeres, al de todas, pero con especial incidencia en quienes no pueden buscar subterfugios.

Los estudios internacionales muestran además que restringir el aborto no significa una reducción en el número de abortos. Por el contrario se constata un mayor número de abortos inseguros, lo que ha conllevado solo en 2008 a 47.000 mujeres muertas, por ejemplo. En las Jornadas sobre Leyes restrictivas y aborto provocado celebradas en 2012 en Madrid se constató que al restringir la Interrupción Voluntaria del Embarazo aumentará el aborto clandestino y la morbimortalidad entre las mujeres, como indicó Bela Ganatra, especialista del departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

El estudio de la OMS muestra que cuando hay pocas restricciones en el acceso al aborto seguro la mortalidad y enfermedades se reducen drásticamente, como podemos ver en el gráfico siguiente:

Gráfico: WHO, Update on Safe Abortion Guidelines and the context of Unsafe abortion

Otra parte de la legislación que el Partido Popular rechazó y pretenden eliminar es la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso materno o paterno, en caso de que pueda existir conflicto. Sin embargo, en ese aspecto, el estudio presentado por Bela Ganatra recomienda que la legislación limite la autorización de terceros, por ejemplo para menores de edad. Así, indica que proteger los intereses y el bienestar de las mujeres jóvenes también requiere asumir la evolución de sus capacidades, y que en todo caso las prácticas deberían pasar por fomentar la participación, apoyo y asistencia de los padres y madres, pero no exigirlo.

Menos educación, más ignorancia, más riesgos.

Aunque el Gobierno se escuda en la preocupación de que las mujeres acudan a la Interrupción Voluntaria del Embarazo “como un anticonceptivo”, limitan la educación sexual y reproductiva. De hecho las únicas medidas del ejecutivo de Mariano Rajoy pasan por limitar la información en el ámbito educativo, restringir derechos y culpabilizar a las mujeres para que no decidan sobre su propia sexualidad y futuro.

Todo ello es contradictorio con sus planteamientos aunque acorde con su trayectoria, pues cuando el Partido Popular estaba en la oposición ya ridiculizaban las campañas contra los embarazos no deseados o el uso del preservativo, que el Gobierno del Estado o las comunidades lanzaban. En cambio, las y los expertos indican que la mejor forma de reducir el numero de abortos pasaría por reducir los embarazos no deseados.

Ya ni hablamos de las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación de mujeres y hombres, la educación infantil o el apoyo a las personas en situación de dependencia, que podrían servir no solo de ayuda sino de sustento básico para el cuidado de niños y niñas. En cambio esas prestaciones y servicios, algunas de las cuales apenas existen desde 2006) las han recortado continuamente hasta su práctica eliminación.

Siguiendo con los despropósitos, pretenden eliminar los plazos que desde 2010 establecen la Interrupción del Embarazo de una forma justa y garantizada, volviendo a los supuestos e incluso eliminando situaciones como la malformación del feto o el riesgo para la madre, lo que nos haría volver mucho más atrás de 1985, fecha de la anterior ley. La exclusión de ese tipo de supuestos también es considerada como una “barrera”, que dificulta el acceso al aborto seguro y por lo tanto debería ser eliminada.[1]

Todo esto recuerda demasiado a la situación de antaño, con la actuación de un Gobierno que se sostiene en prejuicios ideológicos que nada tiene que ver con la realidad, pues ni las mujeres abortan por capricho ni se obliga a que lo hagan. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece limites y opciones, además de información para que ellas decidan en libertad (y conozcan que alternativas hay para tener un hijo/a).

En ese sentido, una doctrina religiosa pueden establecer cuantos consejos y peticiones desee, pero por muy respetables que sean sus postulados no pueden pretender limitar con éstos los derechos de todas las ciudadanas, que además están reconocidos internacionalmente y auspiciados por Naciones Unidas.

Para mayor disparate, Gallardón descartó la petición de someter su proyecto a un debate previo con personas expertas (como pidió la oposición). Si atendieran a las personas les daría a conocer que con sus intenciones solo aumentará el índice de aborto (en este caso inseguros) la enfermedad, muerte y desigualdades entre mujeres.

Les vendría bien recordar como algunos gobiernos conservadores como el francés en 1975 aprobaron el acceso al aborto, porque antepusieron la salud y libertad de las mujeres por encima de sus creencias, que no podían extender a toda la sociedad. La Ministra francesa Simona Veil presentaba el proyecto de ley indicando que “La reprobación moral […] no se revela por sí sola una razón suficiente para justificar su prohibición jurídica. El derecho no tiene por qué entender delito una conducta que determinada religión considera pecado.”

De la misma, el presidente Valéry Giscard d’Estaing recordaba: “Yo soy católico, les dije, pero soy Presidente de la República de un Estado laico.[…] Comprendo absolutamente el punto de vista de la Iglesia Católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia reclame a aquellos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas.”

Por último, y para los más resignados y resignadas, el Ministro Gallardón recordó que este tipo de leyes “son susceptibles de ser modificadas cuando exista un cambio de Gobierno”. Y es cierto que si finalmente se aprueba esta contrarreforma de corte conservadora otro futuro gobierno podrá rectificar, pero ya se habrá perturbado la libertad, dignidad y salud de todas las mujeres españolas. Y todo ello no puede ser susceptible de los caprichos ideológicos del Gobierno de turno. No podemos permitirlo.