El empoderamiento de las mujeres y niñas rurales, una prioridad tras la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

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Destacaron temas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la tierra, el agua, los alimentos, el trabajo y la vida sin pobreza y libre de violencia

Fuente: UN Women/Ryan Brown

Naciones Unidas celebró el pasado mes de marzo de 2018 el sexagésimo segundo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Un encuentro que reúne cada año a líderes mundiales, ONG, actores del sector privado, socios de las Naciones Unidas y activistas de todo el mundo para tratar sobre la igualdad de género y temas específicos.

Este 2018 la temática fue el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales, recordando además que sin las mujeres y las niñas rurales, ni las comunidades rurales ni las sociedades urbanas no funcionarían.

Los datos demuestran que las mujeres rurales salen peor paradas que los hombres rurales o las mujeres urbanas, a causa de la discriminación y la falta de servicios y protección social, salarios más bajos, falta de oportunidades de ascenso y de ser oídas, entre otros.

Como parte de los documentos previos, ONU Mujeres publicó una infografía con datos y conclusiones al respecto que pueden encontrarse haciendo click aquí.

Estos datos, entre otros nos indican que a que en algunas zonas como el sudeste asiático o el áfrica subsahariana el 60% de las mujeres trabajan en la agricultura, los datos globales nos indican que menos del 13% de las personas que tienen tierras en propiedad son mujeres.

Además, las mujeres rurales tienen un 38% menos de posibilidades de dar a luz asistidas por una persona profesional de la salud que una mujer urbana, en países de bajos ingresos.

En cuanto al acceso a la educación, nos recuerdan que más de la mitad de todas las mujeres rurales pobres no tienen las competencias de alfabetización básicas.

Además, hacen referencia a los matrimonios infantiles y nos indican que aún hoy, una niña rural tiene el doble de posibilidades de casarse siendo niña que una niña de una zona urbana en algunos países africanos, latinoamericanos y caribeños.

Las consecuencias son entre otras, dificultad de acceder a educación y empleo, mayor riesgo de padecer violencia de su pareja, embarazos precoces y complicaciones de este, más vulnerabilidad ante Enfermedades de Transmisión Sexual (como el VIH).

En cuanto a las conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se encuentran algunas recomendaciones concretas como las siguientes:

Aprobar reformas para eliminar las leyes y normas discriminatorias con el fin de que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones que los hombres a los recursos económicos y productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales, la propiedad y los derechos de sucesión.
Apresurarse en afianzar los entornos educativos en todos los niveles, lo que incluye acabar con las brechas de género en la enseñanza secundaria y superior en las zonas rurales.
Proporcionar servicios sociales de calidad, así como servicios de cuidados, a fin de disminuir la proporción desigual de cuidados no remunerados y de trabajo doméstico que realizan las mujeres y niñas en las zonas rurales.
Garantizar que las mujeres rurales tengan acceso a empleos decentes con igual remuneración por un trabajo de igual valor, y que participen en pie de igualdad en todas las decisiones, tanto en sus hogares como en los foros comunitarios.
Mejorar el acceso a infraestructuras y tecnologías esenciales, que por lo general benefician a las mujeres rurales en última instancia, brindando un acceso al agua potable, a cocinas no contaminantes, así como a instalaciones de saneamiento y dispositivos de conectividad, entre otros.
Aumentar las inversiones a fin de garantizar su seguridad alimentaria y su nutrición y aumentar la inclusión financiera y el acceso de las agricultoras a servicios financieros.
Prestar servicios sanitarios de carácter universal y atender las necesidades de las mujeres y niñas rurales a fin de que puedan gozar de una salud sexual y reproductiva y controlarla.
Acelerar la labor de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.