Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Susana Díaz. Foto:Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el primer protocolo institucional de España frente a la violencia de género que se produce a través de Internet y las redes sociales, teniendo en cuenta la gran influencia y uso por parte de la gente joven, especialmente.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado el documento que ofrecerá las pautas y estrategias necesarias a los equipos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para prevenir y atender a las posibles víctimas de la ‘ciberdelincuencia de género’.

El protocolo pretende hacer frente a los riesgos añadidos de las formas de violencia de género que se suceden a través de Internet, como más «capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores; la continuidad en el tiempo; la ilimitada exhibición de la intimidad; las posibilidades de suplantación de la personalidad de la víctima, o la facilidad para el control permanente a través de medios como geolocalizadores, estado online o seguimiento de conexiones».

Este nuevo documento define como ‘ciberdelincuencia de género’ toda la violencia contra las mujeres que se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), incluyendo especialmente la revelación de secretos, injurias y calumnias, trato denigrante, difusión de imágenes, usurpación de identidad, acoso sexual de menores (‘grooming’), amenazas, coacciones y extorsión sexual.

Así, los formularios de valoración y atención se modificarán para detectar cualquiera de estas formas de violencia, y poder actuar en las diferentes fases del proceso. Así, se evaluará el impacto de las redes sociales y las TIC’s sobre la vida de las víctimas, familiares y menores a su cargo.

Imagen de la campaña «Sí, es amor» de la Junta de Andalucía

En base al diagnóstico que hagan los equipos sociales y psicológicos, se hará una planificación en las que además de la coordinación con las áreas jurídicas que fuesen necesarias, se podrá adoptar estrategias de seguridad informática sobre «custodia de información, copias de seguridad, protección de la red wifi, consulta técnica ante geolocalizadores o aplicaciones espías, etc.» además de recabar las pruebas que puedan servir en un juicio.