Analizamos el informe de Naciones Unidas (CEDAW) sobre las políticas de igualdad en España
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) critica que los recortes de los últimos años han afectado especialmente a las mujeres
En este artículo analizamos las conclusiones presentadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su último examen a España.
Artículo de Rubén Castro Torres. Postgrado en Género e Igualdad por la UAB y Experto en Violencia de Género por la UNED:
El pasado 24 de julio las Naciones Unidas presentaron las Observaciones finales sobre los séptimo y octavo informes periódicos combinados de España, de CEDAW. Cómo se ha indicado en numerosos medios, y ante los requerimientos iniciales formulados por el comité, se observa una importante crítica a las políticas de recortes desarrolladas durante los últimos años. Aunque agradece e indica importantes avances, mediante estrategias y compromisos del Estado, se muestra la negativa ante la falta de actuaciones ante ámbitos como la salud, empleo, educación o prevención de la violencia de género entre otros.
Primeramente, indica la preocupación de que se haya eliminado el Ministerio de Igualdad y la posterior sustitución del Instituto de la Mujer por el Instituto de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, que hace que se “diluya el enfoque de género como un elemento de corte transversal”.
El comité indica que la eliminación del Ministerio de Igualdad y el cambio en el Instituto de la Mujer “diluye el enfoque de género como un elemento de corte transversal”.
La reducción de las competencias en materia de igualdad y violencia de género de los ayuntamientos por la aprobación de la Reforma Local también es motivo de crítica por parte del CEDAW. Precisamente reclama una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.
La participación de la sociedad civil y las entidades de mujeres y por la igualdad es motivo de preocupación, mencionando expresamente que no se coopere a través del cooperación entre el Consejo de Participación de la Mujer (órgano consultivo previsto en la Ley de Igualdad y en el que, por ejemplo, no se permitió debatir la reforma restrictiva de la ley del aborto)
Muestra su satisfacción por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, pero aún así constata que aún se mantienen “actitudes y estereotipos sobre los roles y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad”.
Además indica que “no se han tomado medidas para eliminar los estereotipos en el sistema educativo, y que los planes de estudio y libros de texto no se han revisado.”
El informe indica que «no se han tomado medidas para eliminar los estereotipos en el sistema educativo»
Para ello recomienda poner en funcionamiento una “estrategia integral” con medidas sostenidas en el tiempo que eliminen los estereotipos de género, revisando la Ley de Educación, adoptando programas específicos, revisando los libros de texto y generando “campañas de sensibilización en medios de comunicación y agencias de publicidad”
Violencia de género
Entre las observaciones, manifiesta preocupación por los 20 niños y niñas que fueron asesinados por sus padres en el ejercicio de sus “derechos de visita”
En el informe también se mencionan los recortes de las Comunidades Autónomas, con el “deterioro de los servicios de protección a las mujeres víctimas” y la falta de casas de acogida para mujeres y niños, para lo que reclama más servicios incluidas las zonas rurales y cooperar con las organizaciones que proporcionan ayuda, acogida o reparación.
Además, pide revisar la legislación para incluir otras formas de violencia hacia las mujeres, como la “violencia de los cuidadores, la violencia policial y la violencia en los espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas”.
Una vez más se reclama formación obligatoria para jueces, fiscales, policía y quienes traten casos de violencia de género.
Nuevamente, como ya se hizo en el dictamen por el caso Ángeles González, reclama formación obligatoria para jueces, fiscales, policía y quienes traten casos de violencia de género, para que conozcan especialmente los procedimientos y la necesidad que estos tengan perspectiva de género.
Además, recuerda que aunque el Consejo General del Poder Judicial niega cualquier validez del «síndrome de alienación parental» (SAP) aún hay decisiones judiciales en las que se retira la custodia del niño a la madre y se concede a un padre acusado de ejercer violencia. Precisamente, alerta de que los derechos, bienestar y la seguridad de los niños y niñas están en peligro al otorgar visitas sin supervisión, por lo que reclama que no se concedan estas medidas en este tipo de situaciones.
El CEDAW reclama que no se apruebe una Ley de custodia compartida
Asimismo muestra preocupación “por los intentos de aprobar una ley que establece la custodia física conjunta como regla predeterminada en la determinación de los casos de custodia de los hijos” por lo que pide que no se adopte esa legislación, y por el contrario se deternine adecuadamente las necesidades de mujeres e hijos e hijas para determinar la custodia en casos de violencia.
Entre las recomendaciones, se pide una ley específica contra trata, y más prevención ante la prostitución y la explotación de mujeres, para reducir la demanda de prostitución.
En cuanto a las formas de violencia, el informe hace una mención destacada a la “prevalencia de la trata de mujeres y niñas” pese a la falta de datos concretos sobre el alcance de esta. Por ello reclaman crear una ley específica contra la trata que penalice el proxenetismo de quienes explotan y prostituyen a las mujeres. Con ello se deberían crear programas de salida y reintegración, para las mujeres que desean abandonar la prostitución, y tomar medidas para reducir la demanda de prostitución.
Educación
El ámbito educativo es mencionado en numerosas ocasiones, por afectar a diferentes áreas y problemáticas. Así, el informe recuerda la prevalencia de los estereotipos que hacen que las mujeres solo sean el 26,4% y el 9,8% de las estudiantes en arquitectura/ingeniería y en deportes, respectivamente. Además, la baja tasa de niñas romaníes escolarizadas aún es indicada como un grave problema a atajar.
El informe final critica la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y pide que se ofrezca formación sexual y reproductiva dentro del programa educativo.
Además, como se indicó en anteriores ocasiones, la eliminación de la asignatura obligatoria «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” y su sustitución por valores sociales o ética, que es opcional, es un motivo de preocupación. También lo es que en la actualidad no hay una educación en la salud y los derechos sexuales y reproductivos que sea obligatoria y apropiada a la edad del alumnado, por lo que reclama que se ofrezca esa formación dentro de los programas educativos habituales.
Empleo
En cuanto al empleo, el comité critica las medidas de austeridad aplicadas frente a la crisis económica que han afectado gravemente y de forma “desproporcionada” a las mujeres, especialmente a mujeres con discapacidad, mayores y trabajadoras domésticas.
En cuanto a la situación de las mujeres en áreas rurales, el comité muestra su satisfacción por la aprobación de la Ley sobre titularidad compartida de las empresas agrícolas en el año 2011, pero reclama más medidas para implementarla, ya que el 70% de propietarios son hombres.
Naciones Unidas reclama que se restauren los presupuestos para la Dependencia y critica las medidas de austeridad frente a la crisis
Además, entre los problemas actuales, menciona los recortes y reducciones en la seguridad social y el cuidado de personas dependientes (el gobierno eliminó la cotización para las cuidadoras), la congelación de los salarios y la conversión de los empleos de tiempo completo en otros a tiempo parcial con horas extras.
Por ello reclama la restauración de los presupuestos destinados a la Dependencia (Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes)
El comité muestra preocupación por la gran concentración de mujeres en empleos a tiempo parcial y la brecha salarial de un 17%
Destaca también la brecha salarial de género que persiste y se sitúa en un 17,8%, por encima de la media europea, la segregación vertical y horizontal en el mercado de trabajo o la gran concentración de mujeres en los empleos a tiempo parcial, con los consecuentes efectos adversos en su carrera y en la pensión.
Para mejorar la presencia de mujeres en órganos de dirección de empresas pide la creación de cuotas obligatorias
Aunque el Comité muestra su satisfacción por los avances alcanzados en la representación política de las mujeres gracias a la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, indican la falta de liderazgos femeninos en todos los poderes públicos, incluida la diplomacia y la judicatura. Para ello indican la posibilidad de crear nuevas cuotas legales como una medida de carácter legal fundamentada en la propia CEDAW. Por otro lado, indican la necesidad de sensibilizar a “políticos, líderes comunitarios, periodistas y público en general” sobre la necesidad de que las mujeres participen en la vida pública en igualdad. Para ello se podrían realizar acciones que faciliten la financiación y recursos de las campañas de las mujeres para poder competir en igualdad.
Constatan además, que las mujeres son solo el 18,2% de los miembros de los consejos de administración. Y es que, recuerdan que aunque la Ley de Igualdad impulsa el equilibrio de género en los órganos de dirección de las empresas, no prevé sanciones para las grandes empresas que lo incumplan. Por ello recomiendan establecer cuotas obligatorias.
Por último reclama que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos.
Salud
La exclusión de inmigrantes de la cobertura universal de salud impuesta en 2012 es reprochada por el comité, que indica la desproporción de cómo afecta a las mujeres, “ya que les priva del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva” y se pierde la oportunidad de identificar a posibles víctimas de la violencia o el tráfico de mujeres, impidiendo su apoyo. Por ello pide “restaurar el acceso universal a servicios de salud” y deroga la modificación de 2012.
Crítica a la exclusión de inmigrantes del acceso a la salud impuesta en 2012 por la gran afectación para las mujeres y niñas.
En cuanto a la restricción de ley del aborto, el comité alerta que se haga obligatorio el consentimiento de padres o tutores legales para mujeres de entre 16 y 18 años que tengan que interrumpir su embarazo, para lo que pide que no entre en funcionamiento esa autorización obligatoria.
CEDAW pide que no se aplique la reforma de la ley del aborto que restringe su acceso a las menores de 18 años.
Cabe recordar que sobre esta contrarreforma ya se habían pronunciado otros órganos de las Naciones Unidas, así como de la Organización Mundial de la Salud. Una reforma que en primera instancia pasaba por eliminar los plazos para pasar a una legislación de supuestos. La modificación finalmente aprobada afecta igualmente a los derechos y la salud de las mujeres, y por el contrario no responde a la realidad: en la actualidad, 9 de cada 10 menores de 16 a 18 años que abortan en España lo hacen acompañadas de sus padres, madres o tutores, por lo que esta restricción afectará negativamente a las menores cuya situación personal o familiar suponga conflictos o casos de violencia en los que no puede exigirse autorización ni acompañamiento.
Múltiples discriminaciones
Por otro lado, pide mayores esfuerzos para atajar las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres: mujeres migrantes, mujeres gitanas mayores y con discapacidad. Concretamente, recomienda “políticas específicas para hacer frente a múltiples formas de discriminación y promover la integración en la sociedad de los grupos desfavorecidos y marginados de las mujeres que sufren formas de intersección de la discriminación.”
CEDAW pide que no se utilice ningún tipo de violencia en los controles fronterizos
Por otro lado, reclama “mejorar la protección de las mujeres y las niñas solicitantes de asilo, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla” para lo que pide que no se utilice ningún tipo de violencia en los controles fronterizos y que se garantice acceso “a los procedimientos de asilo para todos los demandantes, independientemente de su país de origen o en el modo de entrada”
España debe cumplir las disposiciones de CEDAW
Cabe destacar que cuando la prensa, entidades por la igualdad y grupos políticos se hicieron eco del informe de Naciones Unidas, hubo críticas al mismo, cuestionando incluso la necesidad de las medidas solicitadas o la obligatoriedad del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Sin embargo, el Comité “recuerda la obligación del Estado Parte de aplicar de manera sistemática y continua de las disposiciones” deL CEDAW para lo que pide “atención prioritaria a la aplicación de las observaciones finales y recomendaciones” del informe periódico presentado este año. Por eso pide que tanto el Gobierno como sus departamentos, las cámaras legislativas y los gobiernos de cada comunidad, junto al poder judicial hagan difusión de las medidas solicitadas para su debido cumplimiento. Además “alienta” a colaborar con todas las partes interesadas, como las asociaciones de empleadores, los sindicatos, los derechos humanos y las organizaciones de mujeres, universidades e instituciones de investigación, medios de comunicación, etc.”
Finalmente, el Estado Español deberá remitir un nuevo informe para Julio de 2019 con las medidas aplicadas y los avances o retrocesos para la igualdad de genero y el progreso de las mujeres
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